Colombia atraviesa un momento crítico en su historia reciente: la inseguridad ha escalado hasta convertirse en la principal preocupación ciudadana, superando incluso la percepción de corrupción —un 36 % la señala como el problema más grave, frente al 22 % que opina lo mismo del sistema político.
La frustración acumulada no solo responde a cifras, sino a una estrategia de seguridad que, pese a los discursos firmes, ha generado pocas transformaciones reales. Como lo advierte Catalina Gil Pinzón, “todos buscan verse más severos, pero falta originalidad y seriedad estratégica” .
El gobierno ha tomado medidas importantes. Con el general retirado Pedro Sánchez al frente del Ministerio de Defensa, Colombia ha endurecido su estrategia de seguridad: despliegue de tropas, acciones ofensivas contra grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, y una reciente ofensiva con 16.000 soldados adicionales para retomar el control territorial. Además, Sánchez eligió un enfoque más práctico, abandonando el idealismo inicial, en un contexto de violencia persistente
Sin embargo, sin un componente robusto de justicia social, inversión en las comunidades y participación democrática, estas acciones corren el riesgo de replicar viejas lógicas de represión. La izquierda debe empujar por un enfoque de seguridad que no solo combata el crimen, sino que reforme sus raíces: pobreza, abandono estatal y degradación ambiental, especialmente en zonas como el Catatumbo, donde el conflicto ha causado desplazamientos masivos y crisis humanitaria
Deja una respuesta