La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró legales las interceptaciones telefónicas practicadas al actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dentro de una investigación por presuntas irregularidades de contratación cuando fue alcalde de Rionegro. El fallo, en segunda instancia, responde a una apelación presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema y concluye que la medida fue “necesaria, útil y proporcional” para el avance del caso.
¿Qué investiga la justicia?
La indagación de la Fiscalía apunta a posibles sobrecostos y anomalías en contratos de infraestructura municipal, entre ellos la construcción de dos CAI de la Policía, por un monto que supera los 1.200 millones de pesos. La decisión del Tribunal desbloquea el uso probatorio de las escuchas y robustece el expediente en el que también figuran exfuncionarios y contratistas del círculo de confianza de Rendón.
Cómo se llegó al fallo
De acuerdo con el expediente, las órdenes de interceptación fueron impartidas en mayo de 2025 y sometidas a control de legalidad posterior en julio; la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema, Diana Yolima Niño Avendaño, impulsó la revisión que hoy ratifica el Tribunal. Lejos de una “persecución”, como insiste el gobernador, el pronunciamiento judicial valida el procedimiento de la Fiscalía y despeja dudas sobre su sustento jurídico.
71 días bajo la lupa
El celular del mandatario estuvo intervenido durante 71 días como parte de la investigación. No se trata de un capricho: el Tribunal enfatizó criterios de necesidad y proporcionalidad, estándares que los sectores más garantistas han reclamado históricamente para combatir la corrupción sin atropellar derechos.
¿Quiénes más quedaron en el radar?
Además de Rendón, las autoridades intervinieron líneas de funcionarios y contratistas vinculados a su administración en Rionegro, entre ellos la secretaria general de la Gobernación, Martha Correa Taborda, y varios exservidores municipales. El caso, por tanto, no se agota en una “polémica mediática”: el patrón de relaciones y contratos es hoy objeto de escrutinio penal.
Lo que viene
Con el aval del Tribunal, la Fiscalía podrá incorporar las grabaciones en las siguientes fases del proceso. Para una Antioquia golpeada por redes clientelares y negocios a puerta cerrada, la decisión marca un precedente: la institucionalidad puede y debe tocar los intereses de los poderosos cuando hay indicios serios. Queda por ver si la defensa intentará nuevas maniobras para dilatar, pero por ahora la justicia ha hablado con claridad: las interceptaciones son legales y el caso sigue su curso.
Contexto político
Rendón reaccionó en agosto calificando las escuchas como un “ataque a la democracia” y señalando a la Fiscalía General. El contraste es elocuente: mientras el gobernador agita el libreto de la victimización, el Tribunal reconoce la legitimidad de las herramientas investigativas en un expediente de presunta corrupción pública. En una democracia que busca desmontar los pactos de silencio, el mensaje es inequívoco.
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