Qué se denunció y por qué importa
Se divulgó un relato reservado según el cual la gerencia de Afinia filial de EPM en la Costa Caribe— habría sido “vendida” por US$8 millones durante la administración de Daniel Quintero en Medellín. El texto sugiere redes y reuniones alrededor de ese nombramiento.
Medios regionales ampliaron detalles del testigo y de presuntas conexiones nombres, fechas y montos que ya venían rondando desde 2024 y que hoy rebotan en fiscalías y titulares.
La respuesta del implicado
Quintero niega las acusaciones y anunció que pedirá a Estados Unidos revisar su patrimonio, buscando despejar dudas con cooperación internacional: “informen si tengo o he tenido activos no declarados”.
Ni linchamientos ni tapaderas
Esto va en dos carriles inseparables:
- Debida diligencia institucional: que Fiscalía y órganos de control practiquen pruebas, contrasten documentos, citen a todos los mencionados y garanticen el derecho a la defensa. Prensa no es juzgado; la prueba debe pasar por cadena de custodia y contradicción.
- Transparencia radical en lo público: EPM/Afinia deben publicar cronologías de nombramientos, actas y criterios técnicos. La ciudadanía merece trazabilidad completa del proceso que desembocó en esa gerencia.
Lo que está en juego
EPM y sus filiales son patrimonio público. Si hubo coimas, que se sancione ejemplarmente; si hubo manipulación política de denuncias, que también se develen. La defensa del modelo público exige verdad verificable y cero impunidad, venga de quien venga.
Datos
- Denuncia mediática original en 2024 sobre supuestos US$8 millones por el cargo en Afinia; el tema reaparece con el “testimonio secreto” en 2025.
- El alcalde de Medellín y otros actores políticos han usado el caso para posicionar narrativas; por eso es clave separar ruido electoral de hechos probados.
- La Fiscalía ya seguía líneas sobre presiones para nombramientos en Afinia, lo que hace imprescindible una investigación con rigor probatorio.
En 45 Segundos creemos que el control a las élites públicas y privadas se ejerce con lupa ciudadana, instituciones fuertes y procesos limpios. No hay progresismo posible sin transparencia total y justicia efectiva.
Si hubo corrupción, que la justicia actúe; si hubo montaje, que se pruebe. Lo público se respeta.
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