Tras la orden de un juzgado de Bogotá que revocó su libertad condicional, la Dijín capturó a Tapia en una clínica de Barranquilla. El caso reabre el debate sobre transparencia, reparación y garantías de no repetición.
La captura de Emilio Tapia en Barranquilla confirma que las instituciones sí pueden responder frente a la gran corrupción. Agentes de la Dijín lo ubicaron en la Clínica Altos del Prado y ejecutaron la orden de captura vigente, luego de que un juzgado de Bogotá revocara su libertad condicional. El operativo, ventilado por medios nacionales, es un paso necesario para que las condenas se cumplan y no evaporen entre beneficios y dilaciones.
Tapia no es un caso aislado: representa el rostro de esquemas como el carrusel de la contratación y el fraude de Centros Poblados, que desviaron recursos y frenaron derechos concretos —obras públicas, conectividad educativa, oportunidades en los territorios—. Por eso, más que celebrar una captura, el foco debe estar en verdad, reparación y garantías de no repetición: recuperar plata, sancionar redes completas y blindar la contratación pública con trazabilidad abierta y veeduría ciudadana.
El proceso debe avanzar con debido proceso y estándares de derechos humanos: acceso a salud bajo custodia cuando corresponda, sí; pero sin que ello se convierta en pretexto para evadir la justicia. Así se construye confianza: con reglas iguales para todos, sin fueros de facto, y con resultados visibles.
Que este caso marque un punto de inflexión: licitaciones con datos abiertos, alertas tempranas contra carteles de contratación, inhabilidades efectivas para reincidentes y cooperación interinstitucional para recuperar activos. La lucha anticorrupción no es un eslogan; es el camino para que la plata pública llegue a la gente, no a los intermediarios del viejo modelo.
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