La justicia dio un paso decisivo en el escándalo de corrupción que golpeó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El Tribunal Superior de Bogotá ordenó cárcel para los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, investigados por el presunto desvío de recursos públicos.
Se trata de dineros que debían llegar a comunidades afectadas por emergencias, familias que lo perdieron todo y territorios históricamente olvidados. Por eso, este caso no es solo un escándalo político: es una herida social.
La decisión judicial envía un mensaje claro a la ciudadanía: nadie está por encima de la ley. La lucha contra la corrupción no puede depender de colores políticos, sino del respeto por la gente y por los recursos que son de todos.
Desde una mirada progresista, este proceso reafirma la necesidad de un Estado transparente, con controles reales y justicia independiente. La investigación continúa, pero el país ya entiende algo fundamental: los recursos públicos son sagrados y deben protegerse.
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