En los últimos días, el presidente Gustavo Petro ha sido objeto de una serie de acusaciones y controversias que, más que reflejar fallas de su gobierno, parecen evidenciar la resistencia de sectores tradicionales frente a los cambios estructurales que promueve.
La descertificación de EE.UU.: ¿soberanía en juego?
El gobierno de Estados Unidos anunció la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas. Esta decisión, que busca responsabilizar a Petro por el aumento de cultivos ilícitos, omite un hecho clave: el incremento se produjo en la administración anterior, marcada por la ineficacia del modelo militarista.
Petro respondió con firmeza: denunció “mentiras fácticas” y defendió un enfoque alternativo que prioriza la sustitución de cultivos, el desarrollo rural y la paz total, frente a una estrategia fallida de décadas impuesta desde Washington.
La Comisión de Acusación: un instrumento del viejo orden
La Comisión de Acusación de la Cámara abrió un proceso contra Petro por presunta injuria y calumnia tras un reclamo de Enrique Vargas Lleras. Lo que en realidad muestra este episodio es cómo se usan las instituciones del Congreso para intentar silenciar la crítica política y proteger figuras de la vieja élite.
El caso de Nicolás Petro: la familia como blanco político
En medio del proceso judicial contra su hijo Nicolás Petro, el presidente denunció presiones indebidas y filtraciones desde la Fiscalía, señalando la participación de funcionarios que actuarían en favor de la precandidata Vicky Dávila. El mensaje es claro: los ataques contra su familia son parte de una estrategia para golpearlo a él y al proyecto progresista que lidera.
Más allá de las acusaciones
Cada nueva controversia muestra la misma tensión: un presidente que impulsa justicia social, inclusión y soberanía nacional, contra sectores que buscan frenar esas transformaciones. Petro ha sido claro en que su prioridad no es complacer a los poderosos, sino cumplir con un mandato popular que exige paz, igualdad y un modelo económico sostenible.
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