Hoy, un tribunal de apelaciones de Bogotá dictaminó la libertad de Álvaro Uribe mientras aún se tramita su apelación por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, por los cuales fue condenado a 12 años de arresto domiciliario.
Este fallo suspende la detención impuesta por la jueza Sandra Heredia el pasado 1 de agosto, quien determinó que Uribe representaba un riesgo de fuga y destacó la necesidad de enviar un mensaje claro: nadie está por encima de la justicia. Sin embargo, el tribunal argumentó que la sentencia era vaga y violaba principios de debido proceso e igualdad ante la ley, justificando así la suspensión de la medida mientras avanza el recurso de apelación, cuya decisión final se espera hacia mediados de octubre.
Esta decisión vuelve sobre el escenario político a una figura polarizadora: Uribe, símbolo de la derecha colombiana, con simpatizantes que alaban su gestión en seguridad democrática, y críticos que lo asocian con violaciones a los derechos humanos y vínculos con grupos paramilitares.
En paralelo, en Argentina avanza otra investigación: la denuncia por falsos positivos, atribuida al gobierno uribista, que tramita bajo el principio de jurisdicción universal. Allí, se reclama que, ante la inoperancia del sistema judicial colombiano y la exclusión de Uribe de la JEP, los crímenes de lesa humanidad no queden en la impunidad
Comentarios finales
La liberación de Uribe mientras encara un fallo de culpabilidad marca un retroceso en la justicia nacional. Parece que, para ciertos personajes, la ley es una barricada temporal y no una barrera definitiva.
Este caso ya forma parte de la historia: es la primera vez que un expresidente colombiano es condenado en un juicio, y su resolución genera una tensión política con peso electoral. El proceso, lleno de controversias, revela hasta qué punto las instituciones siguen siendo terreno de poder y no de justicia equitativa.
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