Cuando bloquean la participación, toca defender la democracia
Daniel Quintero denunció que la Registraduría impidió el ingreso para inscribir su comité de firmas. Hoy interpondrá una tutela para proteger el derecho a participar en política—no solo el suyo, sino el de millones de colombianos que quieren decidir en las urnas.
¿Qué pasó y por qué importa?
La participación política es un derecho fundamental. Impedir la inscripción de un comité de firmas no es un “trámite menor”: afecta el pluralismo, la competencia y la confianza ciudadana. La respuesta jurídica—una tutela busca restablecer reglas claras para todos.
Las reglas son para garantizar, no para excluir
- El principio democrático exige igualdad de condiciones.
- La institucionalidad debe ser árbitro, no jugador.
- Cerrar la puerta a un comité de firmas crea un precedente peligroso para cualquier movimiento ciudadano.
La tutela como herramienta ciudadana
Interponer tutela no es “estrategia política”: es el mecanismo que la Constitución ofrece cuando se vulneran derechos fundamentales. Si un juez ordena garantizar el ingreso y la inscripción, gana la democracia.
Señales que debe enviar la Registraduría
- Transparencia plena del procedimiento.
- Trato equitativo y no discriminatorio a todas las iniciativas.
- Protocolos públicos para evitar arbitrariedades en sedes y horarios.
La gente quiere votar, no que decidan por ella. Cuando cierran la participación, crece la desconfianza. La tutela de Quintero puede convertirse en una oportunidad para corregir y blindar el proceso electoral de cara a las presidenciales.
Si las instituciones garantizan el juego limpio, la ciudadanía hace lo demás: organizarse, recoger firmas, debatir programas y votar. La democracia no se defiende sola se defiende ejerciéndola.
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